El director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), Armando García, expresó que a ese sector le hace falta una ley orgánica, que le dé fuerza para “obligar” a las instituciones estatales a cumplir con la política oficial en materia de tecnología.
Aunque actualmente se apoyan en más de diez normas, reconoce que hay mucha discrecionalidad en su aplicación entre las instituciones más fuertes, que tienen sus propias leyes orgánicas. Por ejemplo, la OPTIC no tiene control de las inversiones que realizan las instituciones estatales en tecnología, y tampoco audita si son cónsonas con la política gubernamental.
Dijo que cuando necesitan que las instituciones asuman determinados propósitos, se tienen que auxiliar de otras instancias, como por ejemplo, del Ministerio de Administración Pública y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) en el caso de la publicación de las nóminas en los portales web, que está ligado al capítulo de transparencia, y que es obligatorio, según la ley.
Un anteproyecto de ley
Al participar como invitado del primer Diálogo Libre de 2016, García argumentó que con una ley de TIC, quieren “pasar a algo más permanente, más duradero con respecto al tiempo, y más sostenible en términos que no dependa de los cambios de administración del Estado, sino que sea un tema tan transversal, tan importante como otros temas que la apoyan”.
En ese sentido, reveló que desde el año pasado trabajan para dotar al país de una ley de TIC, y para ello “están contratando” una firma de abogados especializada para que elabore un anteproyecto de ley para el sector que pueda ser tramitado al Congreso.
Desde que se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo, la OPTIC tiene la responsabilidad de gestionar la transversalidad de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el Estado, lo que significa que ahora los indicadores vinculados a ese sector y al gobierno electrónico serán de su responsabilidad conjuntamente con el Ministerio de Economía. “Y eso nos va a permitir poder entrar en la planificación de los recursos que se asignan, porque todas las instituciones hacen un presupuesto de tecnología, y lo ponen. Lo que pasa es que todavía no estamos en condiciones de medir puntualmente el sector tecnología en el presupuestario, no lo estamos”, detalló García.
Subrayó que lo que persiguen con la transversalidad de TIC “es poder ayudar a regular la inversión (de las instituciones en tecnología), y que sea costo-efectivo para el gobierno”. A su juicio, durante este gobierno, la inversión en TIC (Internet, teléfono, computadoras, software) podría rondar cerca de los cinco mil millones de pesos.
Publicación original: Diario Libre